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La dictadura militar sigue reprimiendo el movimiento democrático en Myanmar

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Una coincidencia de calendarios. La condena el lunes de la ex líder civil de Myanmar, Aung San Suu Kyi, a dos años de prisión por incitar a los disturbios públicos tras su derrocamiento por la Junta Militar el pasado mes de febrero, se anunció al inicio de una semana en la que el Cumbre de la Democracia orquestado por Joe Biden.

Dos acontecimientos cuya simultaneidad no planificada por ambas partes confirma la importancia de dicha cumbre para frenar una dictadura que sigue reprimiendo el frágil y naciente movimiento prodemocrático en Myanmar.

Promover la democracia no es tan fácil, especialmente en un país como Myanmar, donde los militares han gobernado durante cinco décadas», dijo un alto funcionario del gobierno de Myanmar en una entrevista con el Deber Yun Sun, codirector del Programa de Investigación sobre Asia Oriental del Centro Stimson, un grupo de reflexión sobre la paz y la seguridad, se incorporó en Washington. Tras el golpe, Estados Unidos impuso sanciones económicas y condenó políticamente la toma de posesión militar. Pero lo que necesitamos ahora es una comprensión más matizada de lo que hay que hacer en ese país, y eso es lo que hace que esta cumbre sea aún más importante.

El lunes, el tortuoso destino de la Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi, dio un nuevo giro al ser condenada a dos años de prisión por un tribunal especial de la capital, Naypyidaw, por incitar a sus seguidores a las protestas tras el golpe de Estado de febrero. Las elecciones las ganó su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), pero los resultados fueron impugnados por la junta militar, que desde entonces ha tomado el poder, alegando un fraude electoral masivo.

Los observadores internacionales describieron entonces las elecciones como «generalmente libres y justas».

La ex presa política, que pasó 15 años en arresto domiciliario entre 1995 y 2010 por promover la democracia en su país, también fue condenada por incumplir las normas sanitarias relacionadas con la pandemia de COVID-19 durante la campaña electoral. El ex jefe del gobierno civil también se enfrenta a una serie de otros cargos, que van desde la importación ilegal de walkie-talkies a la sedición, el soborno y el fraude electoral, que conllevan penas de prisión acumuladas de hasta… 100 años.

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«Un juicio amañado»

Estados Unidos calificó el lunes de «injusta» la condena del ex líder de Myanmar y de «afrenta a la democracia y la justicia» en ese país.

«Instamos al régimen a que libere a Aung San Suu Kyi y a todos los detenidos injustamente, incluidos otros funcionarios elegidos democráticamente», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado. Además del Sr.yo Suu Kyi, el ex presidente Win Myint también fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario.

«El continuo desprecio del régimen por el Estado de derecho y su uso generalizado de la violencia contra el pueblo de Myanmar ponen de manifiesto la urgencia de reconducir el camino de Myanmar hacia la democracia», añadió.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, deploró «un juicio amañado» en un tribunal «controlado por los militares» y «motivado por consideraciones políticas». Subrayó que esta condena cerraba «una puerta al diálogo político», mientras que los generales buscan el reconocimiento internacional de su gobierno desde el pasado mes de febrero.

La ONU se negó a reconocer el régimen del general Min Aung Hlaing, negando así su legitimidad. A raíz de esto, más de 500 grupos de derechos civiles de todo el mundo instaron al Consejo de Seguridad a tomar medidas para detener la escalada de violencia en el estado de Chin, el epicentro de la resistencia contra el ejército.

Caos social y político

Para la experta en geopolítica regional Marie Lall, del University College de Londres, este último capítulo de la historia de Myanmar confirma una vez más que el país nunca estuvo en el «camino de la democracia», a pesar de las apariencias. Además, incluso si la oposición sigue hablando, a pesar de la represión en curso, la «fuerza actual del Tatmadaw [l’armée myanmaraise] significa que incluso una oposición unificada tendría dificultades para enfrentarse a los militares», explicó en una entrevista con Deber.

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El pasado mes de junio, 119 países apoyó una resolución de la Asamblea General de la ONU condenando enérgicamente la violencia de la junta militar contra la población civil y exigiendo la liberación de los presos políticos, incluida la líder de la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi.

Las disputadas elecciones de noviembre de 2020 han sumido al país en el caos social y político y en una crisis económica cada vez más profunda. El relator especial de la ONU, Tom Andrews, advirtió recientemente que es probable que se cometan más «crímenes masivos» bajo el gobierno militar, como demuestran los ataques de la semana pasada contra civiles por parte de helicópteros del ejército en la región de Sagaing, donde se quemaron pueblos. La movilización de las Fuerzas de Defensa Popular, multiétnicas y contrarias al régimen, se concentra en la zona, en apoyo del Gobierno de Unidad Nacional en el Exilio (GUN), fundado el pasado mes de abril. El lunes, Andrews calificó la condena de Aung San Suu Kyi como «un golpe terrible». teatro del absurdo «.

Es probable que Myanmar figure en los debates que comenzarán el jueves en la apertura de la Cumbre sobre la Democracia. El evento virtual, organizado por la Casa Blanca, reunirá a más de 100 países. «Ahora es necesario un enfoque político común entre todas las democracias para abordar la cuestión de Myanmar», afirma Yun Sun.

El 13 de diciembre, los generales dictarán nuevas sentencias contra Aung San Suu Kyi, esta vez por infringir la ley de telecomunicaciones del país. Según la Junta, el servicio de seguridad del antiguo líder civil utilizó walkie-talkies sin un permiso para hacerlo.

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Soy profesor universitario de economía, aficionado al golf y a los coches, y me gusta especialmente Asia. Vivo entre España y Portugal.